Cómo evitar alucinaciones al usar IA en derecho

Cómo evitar alucinaciones al usar IA en derecho

Respuesta corta: una IA generalista puede producir citas de sentencias que no existen, con números, fechas y textos entrecomillados de aspecto plausible. En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias multó a un abogado con 420 euros por incluir hasta 48 citas falsas en un recurso. La regla que el tribunal establece es simple: la herramienta es asistencial, nunca decisoria, y el profesional debe contrastar cada referencia contra una base de datos real antes de firmar el escrito.

Última actualización: 9 de agosto de 2026.

---

Qué es una alucinación en este contexto

Un modelo de lenguaje genera texto que resulta estadísticamente plausible. Cuando no dispone del dato real, no se detiene: produce uno con la forma correcta. En materia jurídica eso significa números de sentencia bien formados, fechas verosímiles, salas que existen y párrafos entrecomillados que suenan a resolución judicial.

Ese es el problema exacto: la alucinación no se detecta leyéndola. Es indistinguible de una cita buena hasta que se comprueba contra la fuente.

El caso del TSJ de Canarias

El 13 de febrero de 2026, el Consejo General del Poder Judicial informó de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había impuesto una multa a un abogado por introducir citas de jurisprudencia falsas en un recurso de apelación.

Los hechos, según la nota oficial del CGPJ:

Lo relevante no es la multa —es modesta— sino el razonamiento del tribunal, que fija un estándar de conducta.

Lo que el tribunal reprocha

Según la nota del CGPJ, la Sala advierte que el abogado no sometió a revisión ni verificación alguna que las citas se correspondieran con resoluciones o informes reales: no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente.

Y señala algo que conviene subrayar: no verificó los datos de salida de la herramienta con las bases de datos de jurisprudencia — señaladamente la del CENDOJ, de acceso universal y gratuito — para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso.

Es decir: la comprobación que habría evitado todo era gratuita y estaba a un clic.

Para el tribunal, esa omisión constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana, indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional, y vulnera el estándar de diligencia que el Código Deontológico exige a la abogacía.

El criterio de la multa

La Sala cuantificó la sanción con un criterio que merece atención: 420 euros, la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de IA específicamente jurídica de las disponibles en el mercado, que —enfatiza el tribunal— de haber sido utilizada probablemente habría evitado el resultado.

La multa se fijó en la mitad porque el abogado admitió los hechos y reconoció su responsabilidad, con un arrepentimiento que el tribunal califica de aparentemente sincero.

Y una afirmación equilibrada

La Sala aclara que no desconoce ni desdeña el potencial de estas herramientas para las profesiones jurídicas. Lo que fija es el principio rector: la supervisión humana como eje de toda actuación profesional que implique el uso de estos sistemas, entendiendo la herramienta como asistencial y nunca como decisoria, y evitando una dependencia ciega del sistema.

El marco sancionador

La base legal de este tipo de multas está en el artículo 247 LEC:

• 247.1: los intervinientes en todo tipo de procesos deben ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.
• 247.3: si los tribunales estiman que una parte ha actuado conculcando esas reglas o con abuso del servicio público de Justicia, pueden imponerle en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa de ciento ochenta a seis mil euros, sin que pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.
• Para fijar la cuantía se atiende a las circunstancias del hecho, los perjuicios causados al procedimiento, a la otra parte o a la Administración de Justicia, la capacidad económica del infractor y la reiteración en la conducta.
• 247.4: cuando la actuación sea imputable a alguno de los profesionales intervinientes, cabe dar traslado al colegio profesional correspondiente.

Conviene retener el rango: 180 a 6.000 euros. La multa de 420 euros del TSJ de Canarias está en la parte baja porque hubo reconocimiento; la reiteración es un factor agravante expreso.

Protocolo de verificación

Lo que sigue no es doctrina, es método de trabajo. Cada punto responde a un fallo concreto detectado en el caso anterior.

1. Ninguna cita entra en un escrito sin comprobarse en la fuente. El CENDOJ es gratuito y de acceso universal; el BOE también. Si una referencia no aparece ahí, no existe. No hay excepciones por prisa.

2. Comprobar los cuatro datos, no solo el número. Número de resolución, fecha, órgano y —sobre todo— que el texto citado esté realmente en esa resolución. Una sentencia puede existir y aun así no decir lo que la cita atribuye.

3. Desconfiar del entrecomillado. El texto entre comillas es donde más daño hace una alucinación, porque proyecta autoridad. Si va entrecomillado en el escrito, tiene que estar literalmente en la resolución.

4. No preguntarle al modelo si su respuesta es correcta. Un modelo que ha inventado una cita puede confirmar con total aplomo que es real. La verificación tiene que ser externa al sistema que generó el dato.

5. Comprobar la vigencia, no solo la existencia. Un artículo puede existir y estar derogado o modificado. Los textos consolidados del BOE recogen la redacción vigente y la fecha de cada reforma.

6. Verificar también las remisiones entre normas. Que un precepto remita a otro es un dato tan alucinable como una cita. Y es de los que menos se comprueban.

7. Dejar rastro de la verificación. Si un tribunal pregunta, la diferencia entre imprudencia grave y error subsanable está en poder acreditar qué se comprobó y cuándo.

Cómo elegir herramienta

El auto del TSJ de Canarias distingue expresamente entre una IA generalista y una específicamente jurídica, y usa el precio de la segunda como referencia para cuantificar la multa. Es una señal clara sobre qué considera diligente un tribunal.

Preguntas útiles al evaluar cualquier herramienta:

• ¿Enlaza cada afirmación a la fuente oficial, o solo la menciona?
• ¿Trabaja sobre un corpus legislativo real y actualizado, o sobre lo que el modelo "recuerda"?
• ¿Se puede comprobar en un clic que la cita existe?
• ¿Qué hace cuando no encuentra la respuesta: lo dice, o rellena?

Esa última es la que más separa unas herramientas de otras. Un sistema que nunca dice "no lo sé" está garantizando alucinaciones.

Qué no resuelve la tecnología

Ninguna herramienta elimina el deber de supervisión. El tribunal lo formula sin ambigüedad: quien firma el escrito responde de su contenido. Una IA jurídica bien construida reduce la probabilidad de error y hace la verificación más rápida, pero el último control es siempre humano.

---

Nota metodológica

Los datos sobre el caso del TSJ de Canarias proceden de la nota informativa publicada por el Consejo General del Poder Judicial el 13 de febrero de 2026 en su portal oficial, que incluye el auto de 10 de febrero de 2026 como documento asociado:

• Nota del CGPJ sobre la resolución del TSJ de Canarias

El marco sancionador se ha comprobado contra el texto consolidado de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil — BOE-A-2000-323.

Circulan en prensa referencias a otras resoluciones sobre el mismo asunto con cifras distintas de multa y número de citas. Esta guía recoge únicamente los datos que constan en la fuente oficial citada, y no da por buenas las cifras que no se han podido contrastar en ella.

Esta guía tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico para un caso concreto.